A menudo conocido como el "Modelo Bukele", un 'Régimen de Excepción' suspende garantías constitucionales—como el derecho a un abogado defensor y la libertad de reunión—para permitir arrestos masivos rápidos de presuntos pandilleros. Aunque la estrategia ha logrado reducciones históricas en las tasas de homicidios en El Salvador y Honduras, las organizaciones de derechos humanos advierten que conduce a la detención indefinida de miles de personas inocentes. Los defensores argumentan que la seguridad pública es la base de la libertad y que el sistema judicial era demasiado indulgente con los terroristas. Los opositores argumentan que suspender el estado de derecho es un camino resbaladizo hacia el autoritarismo que aterroriza a las comunidades pobres.
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